EDITORIAL PAGINA 7 NADA FASSIL

NADA FASSIL EDITORIAL Nada Fassil Todas las empresas buscan proteger su reputación y, entre ellas, quizá las que más deben preocuparse con su imagen son los bancos. Es natural: quien deposita su dinero en un banco lo hace basado en la confianza, o la presunción de que ese dinero será devuelto como lo acordado. Como las reputaciones son frágiles, de la confianza depende la estabilidad de todo el sistema financiero. La confianza que tenga un ciudadano común en un banco no puede depender de su propio análisis de los estados financieros de la entidad, para lo cual el 99% de los depositantes no están capacitados. La información que tiene el público, sobre la que basa su confianza, la debe dar justamente el guardián de esa confianza, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI); la única que cuenta, a través de su poder para obtener información y hacer inspecciones, de la información necesaria para emitir opinión sobre la solvencia de las entidades del sistema financiero. Es de conocimiento público que Banco Fassil está atravesando por un momento que el vulgo caracterizaría de “delicado”, y que la ASFI confirma, informando que el banco está pasando por un “proceso de regularización”, sin precisar detalles. La mayor evidencia que tiene el público de que dicho banco no está del todo bien es que hace unos días (el 17 de abril), el banco reportó que sus tarjetas de débito, crédito y prepagadas estaban inhabilitadas y ha limitado el retiro de depósitos de sus clientes. Consultado sobre si los clientes deben retirar sus depósitos, el director de la ASFI, Reynaldo Yujra, en conferencia de prensa ha afirmado que “por supuesto que no, es absurdo” y que “el sistema financiero puede generar tranquilidad a la población porque está supervisado por la ASFI. Se garantiza que los ahorristas no van a perder sus ingresos en ningún caso, independientemente de la situación en la que se encuentre la entidad”. Es muy grave que un banco no pueda responder por los depósitos del público, tanto por los perjuicios que causa en los depositantes que necesitan y tienen derecho a ese dinero, como porque la ley establece como una de las causales de intervención la “cesación de pagos por el incumplimiento en el pago de una o más obligaciones líquidas y exigibles”. Con la suspensión de esos servicios podría entenderse que la entidad ha incurrido en esta causal. Las declaraciones de la autoridad buscando tranquilizar a los depositantes puede que estén motivadas por su preocupación de preservar la estabilidad del sistema financiero, pero que un banco haya suspendido o limitado los servicios referidos es algo muy grave y, por más que se quiera preservar dicha estabilidad, no se debe minimizar, dando una tranquilidad que quizá sea ilusoria. No debemos olvidar que además de velar por la estabilidad del sistema financiero, la ASFI también tiene por ley la responsabilidad principal de “garantizar y defender los derechos e intereses del consumidor financiero”. No se discute la importancia del papel que juega la ASFI en mantener la confianza en el sistema financiero, pero ésta no debe en ningún caso ser mantenida a costa de informaciones que expresan deseos más que realidades. Las declaraciones gubernamentales son importantes en ese contexto, pero más importante todavía es la labor de fiscalización y supervisión que debe ejercer dicha autoridad para evitar que entidades supervisadas lleguen a una situación crítica que ponga en riesgo el dinero de los depositantes y amenace la estabilidad del sistema financiero. Uno de los instrumentos importantes con que cuenta la autoridad y en los que basa el público su confianza es el fondo de protección al ahorrista, pero se ha dicho erróneamente que todos los depósitos están garantizados, cuando el límite de la garantía es de 40.000 UFV. Al respecto, cabe preguntarse ¿cuál es el saldo actual de este fondo?, ¿están ahí los recursos? Las quiebras bancarias son eventos traumáticos que ni los mejores sistemas de supervisión pueden evitar, como la del SVB en Estados Unidos. Sin embargo, es indispensable la claridad en la comunicación y oportunidad de las acciones, siempre apegadas a la ley. Sin contar con información fidedigna, solo nos cabe, como al público en general, esperar que este banco encuentre una salida y que sus depositantes no sufran pérdidas. Así sea. La confianza que tenga un ciudadano común en un banco no puede depender de su propio análisis de los estados financieros. Sin contar con información fidedigna, sólo nos cabe, como al público en general, esperar que este banco encuentre una salida